Visita Comisionado de la ONU fosas de Jojutla

Entre los cuerpos hallados se encuentran los de 3 niños

Por Perseo Greco

Jojutla, Morelos. 28 de abril de 2017. Entre polvo, el calor, un penetrante olor a descomposición y 77 cuerpos hallados hasta el momento y más de 300 fragmento humanos, llegó el Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México (ONU-DH) a la fosa. Este organismo se presentó  como observador en los trabajos de exhumación que se están realizando en el Panteón Municipal de Jojutla, en Pedro Amaro, Estado de Morelos.

En esta primera visita en lo que se conoce también como “la fosa de la Fiscalía de Jojutla”, el Alto Comisionado mencionó que su tarea es documentar y observar los adecuados procesos que se están realizando, no así para generar un reporte o postulamiento al “terror” que se está viviendo en Jojutla, según afirmó,  “solo venimos a observar e identificar las buenas practicas”, aplicadas en esta exhumación que ha sido regida por la Fiscalía del Estado de Morelos encabezada por Javier Pérez Durón.

Al parecer lo subrayado por este organismo contrasta seriamente con la realidad de la fosa de Jojutla ya que los familiares han reportado “prepotencia por parte de las autoridades, violación de derechos humanos más básicos, mala práctica en los protocolos de seguridad y  omisión en las peticiones o funcionalidad en la actividad de exhumación”, solo por mencionar algunas. En este punto cabe subrayar que el Alto Comisionado no escaso contacto con familiares de personas desaparecidas, intercambiando apenas unas pocas palabras.

Hasta el momento la fosa de la Fiscalía de Jojutla” reporta la exhumación de 77 cuerpos completos, más de 300 restos humanos.

“Lo que está sucediendo aquí parece un escenario de horror con sólo un sentido, exterminar al pueblo, esto es un delito de lesa humanidad, la muerte brota desde la fosa, desde la tierra, enfoca a delincuencia,  policía políticos gobernadores y hasta el presidente. Lo que pasa aquí tiene muchos años, que no le haga al tonto ese Durón o el fiscal regional, ellos saben mucho, incluso los mismos sicarios que ellos contratan son los mismos que están escarbando para recuperar los mismos cuerpos que ellos asesinaron” comenta un vecino al corresponsal de Surco Informativo.

En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe sobre la situación de derechos humanos en México, denunciaba ya desde 2015 que una asociación entre la presencia de fuerzas armadas y el incremento de los casos de violencia y desapariciones, subrayando el caso de Tamaulipas, el estado con mayor número de desapariciones y con mayor presencia de fuerzas armadas.

En su informe anual del 2016, la CIDH emitió recomendaciones a México en lo concerniente a la defensa de los derechos humanos, señalando el incremento de operaciones de vigilancia y patrullaje del territorio, no solo en tierra si no también en aire y agua por parte de la Policía, Ejercito y la Marina. Puntualizando en “desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de éstas por parte de las policías civiles”.

Esta misma Comisión lamentó que el estado mexicano no respete e ignoré sus recomendaciones para la defensa y el respeto de los derechos humanos, que hoy se ven reflejados a nivel nacional con graves delitos de asesinato, desaparición y desaparición forzada, como muchos de los cuerpos que se siguen encontrando en la fosa de la Fiscalía de Jojutla, entre ellos los de tres niños neonatos.

Xochicuatla denuncia elección ilegítima, manipulada, con policías y el Ejército

Este proyecto no nos interesa, no queremos negociar queremos que se retire esta obra: Pueblo de Xochicuatla

Por Perseo Greco

Xochicuatla, EdoMex. 24 de abril 2017.- Desde muy temprano la Policía Municipal, granaderos, Ejército y la Marina se concentraron en los alrededores de San Francisco Xochicuautla, invitados por una fracción de comuneros para cercar y resguardar la elección del Comisariado de Bienes Comunales en el pueblo de origen Otomí.

Dichos comuneros son afines a Grupo Higa, no se oponen a la venta de tierras e intentaron realizar la elección sin invitar a los pobladores que se encuentran resistiendo al despojo desde que les notificaron que se construiría una autopista que correrá de Toluca-Naucalpan y correría a cargo de la empresa que le regaló a Enrique Peña Nieto la “Casa Blanca”.

Pobladores en resistencia señalaron el “triunfo manipulado de estos comuneros”, así como la tensión que se vivió fuera de la reunión, pues esta fue cercada con vallas metálicas, vigilada en todo momento por un gran operativo policíaco, el operativo fue desproporcionado; algunos de estos policías caminaban con rifles de gas lacrimógeno, cuando sólo se encontraban fuera de este recinto algunos niños y en su mayoría gente adultas, pese a la situación no hubo conatos de violencia física ni enfrentamientos. También se le vio al Ejército y la Marina patrullando muy cerca del lugar donde se realizaba la elección.

“La reunión de hoy es de un cambio de Comisariado de Bienes Comunales ilegítimamente, se está realizando a puerta cerrada, sin invitarnos, lleno de granaderos, esto viola nuestros usos y costumbres, estas elección es del pueblo, tiene que ser interna, la cual se viene manipulando, esto es terrorismo de estado, esta policía está presente por invitación de los comuneros que están a favor de la venta de tierra, muchos de este Comisariado de Bienes Comunales no son de este pueblo, todo esto es un montaje por parte de Eruviel Ávila e insisto, lo que estamos viviendo desde unos años hacia acá no se puede llamar de otra forma si no terrorismo de estado”, concluye un integrante del Consejo del Pueblo Indígena de San Francisco Xochicuautla.

Se denunció que Enrique Peña Nieto y las autoridades del Estado de México tienen conocimiento de esta obra, por tal motivo se solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) medidas cautelares, las cuales fueron solicitadas por el organismo para la detención de dicho proyecto. Desde que dio inicio la obra la presencia de cuerpos policiacos ha sido constate en respaldado a el personal de la empresa del Grupo Higa, esto a pesar que se encuentran fuera de toda ilegalidad, causando intimidación, hostigamiento y miedo a esta comunidad.

Con el decreto expropiatorio y la complicidad de empresas privadas, se ha generado un clima de discriminación, abuso, violencia, acoso y difamación para neutralizar la resistencia del pueblo Otomí que se niega a entregar o vender las tierras que como pueblo originario les pertenecen.

La resistencia y lucha del pueblo ñahtö en defensa del bosque y para evitar el despojo tiene más de 8 años, en el ámbito legal tienen amparos ganados los cuales parece no tener un impacto positivo para la comunidad al convertirse en letra muerta al momento de las incursiones policíacas: “este proyecto no nos interesa por la devastación de nuestro bosque, no queremos negociar queremos que se retire esta obra, ya han destruido cosechas y siembras, ya no queremos que lo hagan más“.

Tensión en San Blas Atempa por despojo territoriAl

Pese a la agresión pobladores siguen con su movilización, piden estar atentos.

Por Redacción

San Blas Atempa, Oaxaca.-  Incendian pastizales en la comunidad Puente Madera, perteneciente a San Blas Atempa en Oaxaca. Versiones indican que el acto fue perpetrado por un grupo de choque de filiación priístas en represalia en contra de los pobladores que se encuentran en oposición a la instalación de una subestación eléctrica de un parque eólico en San Blas Atempa.

Los hechos se dan luego de opositores a la subestación mantuvieran un bloqueo desde la mañana de hoy, en la carretera transístmica en el kilómetro 276, en el tramo Tehuantepec-Juchitán en la región del Istmo de Tehuantepec, luego de incursión de maquinaria y el incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno de Alejandro Murat.

La exigencias del pueblo de San Blas son: 1. Mesa de diálogo con carácter resolutivo para el cumplimiento, por parte del gobierno estatal, de la minuta de acuerdos del 12 de abril del 2017. 2. Alto a la construcción de la subestación eléctrica e imposición del parque eólico de la Secretaría de la Defensa Nacional en tierras comunales de San Blas Atempa. Pese a la agresión que se vive en estos momentos, los pobladores resisten y piden estar atentos ante una posible escalada de violencia en su contra.

Liberan a último comunero de Arantepacua detenido tras operativo

Lo vinculan a proceso por ataques a las vías de comunicación, continuará proceso en libertad

Por Jacinta Flores

Los últimos minutos de este domingo fue puesto en libertad Agustín C., el último comunero que permanecía detenido tras las aprehensiones que realizó la Policía Michoacán en la comunidad de Arantepacua en el operativo realizado el 5 de abril y que tuvo como saldo cuatro comuneros y un policía fallecidos.”¡Presos políticos, libertad!”, fue la consigna que irrumpió al filo de la medianoche del domingo para el lunes cuando Agustín C. salió del Complejo de Juicios Orales de Morelia.

La juez de control desestimó el delito de tentativa de homicidio que la Fiscalía pretendía fincarle, reclasificándolo como lesiones en presunto perjuicio de dos policías. Se le vinculó además a proceso por el delito de ataques a las vías de comunicación. Obtuvo su libertad con medidas cautelares como no salir del país, presentarse a firmar cada mes, no poseer ni portar armas o participar en manifestaciones. También se concedió la suspensión condicional del proceso por seis meses.

Cabe señalar que ninguno de los dos policías que presuntamente hirió el acusado fue el que falleció este domingo en el Hospital del IMSS en Charo tras dos semanas de permanecer hospitalizado.

Según la juez de control Ana Lilia García, el enfrentamiento entre policías y comuneros se dio como parte de “un disturbio que se salió de control” al escucharse detonaciones de armas de fuego que no es posible determinar de donde surgieron pero que a la postre cobraron la vida de cinco personas.

Mientras en un inicio las autoridades estatales manifestaron que fueron emboscados por los comuneros, horas después, a fuerza de boletines, propagaron la versión de que un grupo del crimen organizado fue quien realizó las detonaciones, incluso señalaron a un sujeto apodado “El Beny”. Hasta el momento la Secretaría de Seguridad Pública no ha presentado pruebas de sus dichos, lo que sí circula en redes sociales son videos de policías festejando que los comuneros caían producto de los disparos de arma de fuego.

Familiares denuncian detención arbitraria y amenazas

Mientras la Fiscalía expuso en la audiencia de control que la detención de Agustín C. ocurrió en la esquina de Ignacio Zaragoza y Miguel Hidalgo en el contexto de los enfrentamientos tras los cuales resultó lesionado, familiares del imputado aseguran que la detención se realizó al interior del domicilio del acusado, lugar donde le policías le propinaron la golpiza que lo llevó al Hospital y retrasó su audiencia.

Foto: Alejandro Amado

Agustín C. sufrió una embolia hace cinco años la cual afectó su capacidad motriz, padece sordera y debido a su edad se le olvidan las cosas. Sus familiares refieren que fue detenido al interior de su domicilio 5 de abril, el día que el operativo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán embistió a la comunidad bajo la supuesta instrucción de reestablecer el orden público debido a bloqueos y retención de vehículos en exigencia de la libertad de treinta y ocho comuneros detenidos de manera arbitraria luego de una mesa de negociación con autoridades del estado.

Testimonios de familiares refieren que los policías arrojaron gas lacrimógeno a su casa para luego ingresar a golpear a Agustín C. “Indias”, “cochinas”, mugrosas”, “apestosas”, fueron los comentarios despectivos que recibían por parte de las docenas de uniformados que ingresaron a su domicilio, uno de ellos incluso sugirió privar de la vida al comunero, “¿qué tanto cuesta ese viejo? Vamos a matarlo de una vez”, dijo un policía. “¿Por qué nada más en las orillas se metieron a las casas, no se fueron a la plaza?”, cuestionan. Familiares también denunciaron que han sido objeto de amenazas por parte de los mismos uniformados.

Pese a que la instrucción para los policías fue liberar la carretera y “reestablecer el orden”, salieron de la comunidad tras realizar detenciones arbitrarias, allanar domicilios y realizar daño en las cosas de los habitantes de Arantepacua, según docenas de testimonios. En rueda de prensa realizada este sábado, el representante de bienes comunales, Simón Jiménez, insistió en que las autoridades expliquen a qué empresa pertenecían y que contenían los únicos dos vehículos que se llevó la Policía tras el operativo de dimensiones inéditas en la zona.

Habitantes de la comunidad refieren que fueron policías federales los que ingresaron por otra entrada del pueblo a sustraer los vehículos, mientras en otra entrada tenían lugar los enfrentamientos entre comuneros y policías por lo que los arantepacuenses califican los hechos como represión.

Forman ‘Kuariacha’, su guardia comunal

Tras la agresión que comuneros de Arantepacua refieren haber sufrido por parte de la Policía Estatal, la Policía Federal y el Ejército, se determinó formar una guardia comunal formada por elementos que resguardan la comunidad sin portar armas de fuego.

Kuaricha, cuyo significado en castellano es “guardianes” o “cuidadores”, es el nombre de la ronda comunitaria que desde hace una semana resguarda la comunidad que anunció su decisión de buscar acceder al gobierno por usos y costumbres, pues a raíz del asesinato de los cuatro comuneros no quieren saber nada de partidos políticos.

En cuanto al conflicto agrario con Capacuaro, los comuneros de Arantepacua manifiestan que sólo reconocen el acuerdo presidencial de 1941 por el que se determinaron límites territoriales y no el decreto presidencial de 1985 que le da más territorio a la comunidad de Capacuaro. Identifican al Gobierno como operador de una estrategia que históricamente ha buscado dividir a las comunidades indígenas provocando conflictos por la tenencia de la tierra entre comunidades vecinas. Foto: Cortesía ACG / Alejandro Amado

REPORTAN DESAPARECIDA A HIJA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAXIACO, OAXACA

 

Esta tarde del 19 de abril, se dio a conocer la desaparición de Haydeé Ramírez Ortiz, hija del Edil del municipio de Tlaxiaco, Oaxaca Oscar Ramirez Bolaños, de la región Mixteca, se le vio por última vez en la calle Hidalgo de la capital del Estado, vestía chamarra color negra, pantalón de mezclilla azul, tenis morados y una bolsa de mano plateada, familiares y la Fiscalía General de Justicia del estado de Oaxaca (FGJO) realizan labores de búsqueda.

Javier Duarte fue localizado y detenido en Guatemala

Detención con fines de extradición por Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Foto: Heriberto Paredes. Archivo.Por Lucia Joselin Muñoz

Ciudad de México, 15 de abril2017.- Mediante un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR), informó que Javier Duarte Ochoa fue localizado y detenido en Guatemala, en el Municipio de Panajachel, esto con fines de extradición por “por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, asegura el documento.

La detención se da tras un operativo en conjunto, donde se solicitó el apoyo de la Fiscalía General de la República de Guatemala. Fue en conjunto con la Policía Nacional Civil por conducto de su división de policía internacional, Interpol en Guatemala que se logra la captura de Duarte, según la versión de la PGR.

La institución afirmó que se solicitó, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores que se realizará la detención provisional con fines de extradición al gobierno guatemalteco. El gobierno mexicano tiene un plazo de 60 días para solicitar la extradición al país, la cual será determinada por un juez de Guatemala; de ser procedente, se realizará el tramite para su entrega a autoridades mexicanas, termina el comunicado.

Gobierno se disculpa con enfermeras en huelga de hambre en Tuxtla

Por Redacción

Foto: Plantón de la Huelga de Hambre de Enfermeras, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 12 de abril 2017.- Francisco Ortega Farrera, Secretario de Salud de Chiapas, pidió disculpas a las enfermeras que se encontraban en huelga de hambre desde el pasado 3 de abril, además se firmó una minuta de acuerdos, con lo que levantaran el plantón que tenían y volverán a comer alimentos. Sin embargo, las enfermeras aseguraron que su movilización no se termina y que si el gobierno incumple los acuerdos retomaran su protesta.

La huelga de hambre se da en el contexto de personal del sector salud que fue despedido por denunciar las carencias de los hospitales en la entidad y exigir mejoras para los derechohabientes ante el desabasto de material, equipo y medicamento, así como insuficiencia y agotamiento de la estructura sanitaria de atención del sistema público de salud de la entidad. Lejos de ofrecer una solución, el gobierno del estado respondió con despidos como represalia, muchos de ellos del Hospital de la Mujer “Dr. Rafael Pascasio Gamboa”.

Fue afuera de dicho hospital que las enfermeras María Cielo Gramajo Cundapí, Maía Jesús Espinoza de los Santos, Ivon Nely Castillo Escobar, María Isis Orozco Sánchez y Verónica Zenteno Pérez iniciaron la huelga de hambre que culminaría once días después con la disculpa de Ortega Ferrera y la firma de los acuerdos, sin embargo, se ha pedido a la sociedad estar atentos al cumplimiento de la minuta que incluye la reinstalación inmediata de las enfermeras a sus centros de trabajo, abastecimiento permanente de medicamentos y materiales de curación para el hospital, pago de prestaciones laborales, entre otras.

Dos vehículos, ¿verdadero objetivo del operativo en Arantepacua?

Colaboración especial

Jacinta Flores

El 5 de abril tenía lugar una mesa de negociación entre comuneros, el presidente municipal de Nahuatzen y el subsecretario de Gobernación en Palacio de Gobierno, para tratar de lograr la liberación de 38 comuneros detenidos en Morelia el 4 de abril, quienes viajaron desde Arantepacua para que el Gobierno intercediera en un añejo conflicto de tierras que mantiene esa comunidad con Capacuaro, municipio de Uruapan.

Mientras eso sucedía, un espectacular operativo con docenas de vehículos y cientos de elementos salía de Morelia a toda velocidad rumbo a Arantepacua: oficialmente iban a rescatar los alrededor de 20 vehículos que los comuneros mantenían retenidos, pero únicamente rescataron dos, dejando cuatro comuneros muertos a su paso.

Aunque el objetivo del operativo era, según el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, lograr la liberación de los 20 vehículos, los uniformados allanaron casas, cometieron detenciones arbitrarias, robaron pertenencias de pobladores en abiertos actos de saqueo, y únicamente liberaron dos vehículos.

Según dos versiones oficiales que piden el anonimato, esos dos vehículos contenían armas y droga y pertenecían a un grupo delictivo al que identifican como afín al gobernador: Los Viagras. La Policía de Nahuatzen se negó a participar en el operativo.

Allanamientos, saqueos y detenciones arbitrarias

En cuanto a los abusos policiacos destaca el caso de Xóchitl Madrigal, pobladora ajena al conflicto de tierras y a quien le robaron 70 mil pesos de un préstamos que acababa de solicitar y del cual mostró los vouchers, quien tiene un hijo y un esposo detenido en espera de resolver su situación legal. A ella también la detuvieron pero la soltaron a unos kilómetros del pueblo, fuera de toda legalidad tanto su detención como su liberación.

Docenas de historias como la de Xóchitl Madrigal, a quien además robaron un celular y una computadora, se pueden recoger al preguntar a los pobladores de Arantepacua, las imágenes de casas ultrajadas dan veracidad a sus testimonios, así como los orificios de bala en sus viviendas. En redes sociales fluyen por docenas los videos que muestran  abusos policiales, en ninguno de ellos se ve disparar a un comunero: portaban palos, piedras y resorteras.

 

Intentan desviar responsabilidad de autoridades

En medios de comunicación locales comienza a ganar fuerza la versión, siempre firmada como “Redacción”, de que hubo un grupo del crimen organizado que disparó a los uniformados, ya hasta tienen identificado a su chivo expiatorio. De “El Beny” se hablará mucho en próximos días, lo responsabilizarán de las balas que causaron la muerte de cuatro comuneros de Arantepacua aunque el pueblo señale que salieron de los uniformados.

Por lo pronto el propio Partido de Revolución Democrática le ha dado la espalda al gobernador de Michoacán al señalar que realizó un uso excesivo de la fuerza en Arantepacua, motivo por el que nueve secretarios del Comité Ejecutivo Nacional le piden que esclarezca el caso de forma urgente.

Mientras tanto, el gobernador se pasea lo mismo en comidas con empresarios que en quemas de narcóticos o campañas de barrio con miras a 2018 diciendo que “en Michoacán no hay titubeos en la aplicación de la ley para quienes por su gusto cierran carreteras y secuestran vehículos”.

Ni pensar en un minuto de silencio por los cuatro pobladores de Arantepacua que murieron como producto de la incursión policial que ignoró negociaciones al interior de Palacio de Gobierno: para los muertos indígenas sólo la indiferencia y la condena, la “mano dura” aplaudida por el empresariado y el sector gubernamental. Las únicas lágrimas en la toma de protesta del nuevo presidente de la Canaco Servytur Michoacán, fueron las de la madre del presidente entrante, por su logro.

Únicamente el tercer sector, las organizaciones sociales, han levantado su voz contra los atropellos de una Policía que dijo ir a rescatar vehículos y salió únicamente con dos, dejando una estela de muerte y terror a su paso. Cabe señalar que el operativo fue reforzado por elementos del a Policía Federal y el Ejército, quienes también ingresaron armados al pueblo. Ni en los tiempos más álgidos de la franca operación del crimen organizado en el estado se vieron operativos de este calibre en Michoacán.

Por lo pronto, los nueve comuneros acusados de tentativa de homicidio, quienes continúan detenidos tras la agresión que sufrió la comunidad de Aranteapacua, tenencia de Nahuatzen, solicitaron la duplicidad de término para definir su situación legal por la acusación de tentativa de homicidio sobre elementos de la Policía Michoacán. La próxima audiencia será el 12 de abril a las 9 de la mañana, donde se determinará si siguen el proceso en prisión o en libertad.

AGRESIONES CONTRA REGENERACIÓN RADIO NO SON HECHOS AISLADOS

Por Lucia Joselin Muñoz

Ciudad de México. 6 de abril del 2016.- En conferencia de prensa, integrantes Regeneración Radio denunciaron las agresiones que han sufrió por ejercer la labor de informar. En este año, el pasado 7 de marzo su cabina fue saqueada; micrófonos, cables, audífonos, mezcladoras de audio y una computadora les fueron robados; robo que suma alrededor de 150 mil pesos en equipo, además que la computadora tenía un acervo de más de diez años de trabajo.

Recordaron también que no es la primera agresión en su contra, a lo largo de 18 años de trabajo han sufrido amenazas, detenciones, golpizas, destrucción y robo de equipo, violencia en general e impunidad. Por ejemplo, el 21 de septiembre del 2015 su anterior cabina, ubicada dentro de Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Vallejo, fue destruida por un grupo porril, en esa ocasión además de las agresiones físicas y verbales, un integrante de Regeneración Radio fue víctima de intento de asesinato, siendo apuñalado en tres ocasiones en espalda y abdomen, con secuelas que le permanecen hasta el día de hoy.

Relataron que ante las amenazas contra su integridad y vida, no volvieron al lugar, sino que hace aproximadamente un año comenzaron transmisiones en un nuevo espacio cerca de metro Deportivo Oceanía, lugar de su nueva cabina, sin embargo, ni aún el cambio de sede les permitió estar exentos de nuevas agresiones.

Señalaron además que estas agresiones contra Regeneración Radio no son hechos aislados, sino que forman parte de una profunda crisis en materia de derechos humanos en el país, que en el caso de los medios de comunicación se encrudecen día a día. Según la organización pro libertad de prensa Artículo 19, en 2015 fueron asesinado 7 periodistas y se documentaron 397 agresiones a la prensa, en 2016 fueron 11 los periodistas asesinados y 426 las agresiones, en 2017, en el mes de marzo fueron asesinados 3 periodistas.

Además denunciaron ataques y agresiones a otros medios como la Radio Comunitaria Tu-un Ñuu Savi de Huajuapan en el estado de Oaxaca, de la cual fueron asesinados dos radialistas el año pasado; el caso de Radio Zapote en la Ciudad de México, que sufre un acoso sistémico por parte de las autoridades de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, o el caso de una colaboradora de Surco Informativo que sufrió amenazas por personal de la Fiscalía del Estado de Morelos en el contexto de la cobertura de la fosa de Jojutla.

Finalmente denunciaron que tras abarcar el 80% de la Ciudad de México, de 2012 a 2016 su transmisión en Frecuencia Modulada ha sufrido gran interferencia, viéndose mermada, pues ante las agresiones y el robo del equipo actualmente se encuentran sin poder transmitir como cotidianamente lo hacía, e hicieron el llamado a unirse a su campaña de solidaridad, con la finalidad de poder adquirir de nueva cuenta el equipo que les permita desarrollar sus transmisiones y actividades de producción y post-producción.