ORGANIZACIONES EJIDALES RECHAZAN PROYECTO DE ENERGÍA EÓLICA EN OAXACA

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Exigen democratización energética y respeto a la autodeterminación

Por Perseo Greco

“El Artículo 2do de la Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas para decidir sus formas internas de convivencia y organización social”.

Ciudad de México. 29 de septiembre 2016. En conferencia de prensa, la organización Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (APOYO), demandó el respeto a su territorio y a la comunidades agraviadas por la infraestructura que desarrollara el proyecto “Gunaas Sicarú”, uno de los ganadores de la Segunda Subasta de Largo Plazo para genera energía mediante un parque Eólico en tierras de Bienes Comunales de Juchitán, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Estuvieron presentes varios representantes de pueblos originarios que se verán afectados con este nuevo proyecto eólico, no solo del Istmo, también organizaciones en defensa del territorio del Estado de Yucatán, por o que exigieron que se respeten los usos y costumbres de los pueblos afectados y “exhortaron a las autoridades a que se democratice el sector energético”.

Se denunció el mal ejercicio de políticas públicas y el despojo de territorio que se ha registrado estos últimos años, manifestaron su preocupación por estas situaciones que afectara su cultura, alimento, flora, fauna y la medicina tradicional que dejara de existir en esta zona y de los lugares devastados por esta infraestructura, ya que la superficie destinada para esta obra es de alrededor de 5 mil hectáreas tomadas ilegalmente.

Sin importar este hecho, las empresas ganadoras ya realizan un proyecto acelerado por el “soborno a ejidatarios coludidos con los de arriba”, señala Pedro Regalado representante de Articulación Social de Yucatán, quien también mencionó que el costo que se ha pagado por los predios rondan entre los cinco y ocho mil pesos y puntualizó que a algunos ejidatarios sólo les pagaron 300 pesos.

Por tal motivo es ilegal y rompe la armonía de los derechos colectivos estipulado en el Artículo 2do de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

Los allí reunidos demandaron la participación de estas comunidades afectadas y no la excusión como ha sucedido en muchos casos:

“nosotros reclamamos un cambio sustancial en la comunidad frente a las políticas públicas, reclamamos que la energía eólica se hiciera democrática y participativamente, ya que es una cuestión de democracia y que frene esta ola de colonización que no ha terminado, nosotros pensamos que la colonización sigue y que este es el gran tercer gran momento para realizarla, si los indígenas no nos movilizamos para detenerla y exigir nuestros derechos, perderemos en principio la tierra, luego perderemos nuestra cultura, nuestra lengua y por ultimo nuestra espiritualidad y nuestra forma de vida, esta es una muy buena oportunidad para que la gente se entere dentro y fuera del territorio como ejerce el gobierno sus políticas públicas hacia los pueblos indígenas”.

Cabe señalar que estas empresas eólicas llegaron a México en el mandato del presidente Felipe Calderón Hinojosa, el cual aceptó la proliferación  bajo pretexto de reducir la dependencia de bienes naturales a punto de agotamiento y para la inversión extranjera.

Parte de este modelo lo continuó el actual presidente Enrique Peña Nieto en 2014 bajo las “Reformas Estructurales” y la “Reforma Energética”, exactamente en Juchitlan, Oaxaca se realizó la primera consulta para la regularización de la empresa Energía Eólica del Sur. Observadores de esta primera consulta denunciaron la violación del gobierno mexicano a los estatutos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el correcto derecho a la consulta, previo, informado y libre.